Cuba aseguró que desconocerá los derechos de una firma de inversores que compró deuda pública de la isla; la sociedad presentó una querella contra la banca nacional de la isla ante un tribunal inglés.
En un comunicado, el primero oficial desde que se conoció del proceso a finales del año pasado mediante medios de prensa extranjeros, la Superintendencia del Banco Central de Cuba (BCC) indicó que el caso sería por 72 millones de dólares.
El juicio se desarrolla en el Tribunal Superior de Justicia británico y en él se dirime si el querellante, la firma CRF, es acreedor del Banco Nacional de Cuba (BNC) y de Cuba, explicó la nota oficial.
La demanda fue interpuesta por la empresa CRF I Limited con sede en Gran Caimán, al tiempo que el mencionado BNC cumplió funciones de banco central hasta su disolución a finales de los 90 y su reemplazo por el actual BCC.
“El BNC y Cuba jamás han desconocido sus deudas y han mantenido siempre el interés de negociar con sus legítimos acreedores”, dijo en la nota publicada en el portal oficial Cubadebate.
El comunicado calificó como un “fondo buitre” a CRF, o sea una sociedad que compra activos de segunda mano a precios bajos o de remate que se consideran difíciles de recuperar.
Los fondos buitre son sociedades constituidas con el propósito de encontrar mercados amenazados por un elevado nivel de deuda para invertir en ellos; lo que consiguen en última instancia es lucrarse gracias a la posterior reflotación de los activos adquiridos.
Los fondos buitre o holdouts son fondos de inversión o de capital riesgo cuya actividad se basa en la especulación. Básicamente compran paquetes de deudas, entre los que hay activos tóxicos o devaluados, para posteriormente presionar a los deudores y tratar de recuperar el 100% de sus créditos.
Los fondos distressed o holdouts, más conocidos como fondos buitre, son fondos de capital riesgo que compran deuda de economías en problemas, cercanas a la quiebra, para posteriormente presionar y cobrar la totalidad del valor de esa deuda, además de los intereses por los años adeudados.
La parte cubana defiende que “CRF no es acreedor del BNC ni de Cuba y nunca lo ha sido”.
Comentó además que el objeto del procedimiento que actualmente se desarrolla en Londres es deuda pública “porque fue contraída por el BNC antes de 1997, cuando tenía funciones de Banco Central”.
Desde entonces, el BNC no tiene facultad para actuar en nombre del gobierno cubano ni para aprobar cesión de deuda pública sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros, dado que el BNC no puede, en ningún caso, autorizar la cesión de garantías otorgadas por el Estado.
Ni el BNC ni Cuba han desconocido sus deudas y han mantenido siempre el interés de negociar con sus legítimos acreedores; por lo que actualmente están personados en el procedimiento y defenderán sus derechos.
La Superintendencia del Banco Central de Cuba, órgano de carácter técnico, con autonomía para el ejercicio de sus funciones asignadas por la Ley-, informará oportunamente los resultados de este proceso, concluyó.
Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas de las últimas tres décadas, debido al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y el impacto de la pandemia de Covid-19, que afectó sustancialmente el turismo, motor económico del país.
En cuanto a la deuda externa, el gobierno cubano y el Club de París, que agrupa a los países acreedores, llegaron a un acuerdo en 2021 para dar a la isla un tiempo adicional para honrar varios pagos otorgados en 2015 sobre su deuda externa.
El pacto entre el gobierno cubano y el Club de París en 2015 significó una quita de 8,500 millones sobre los 11,100 millones de dólares adeudados. El resto se convertiría en proyectos de inversión o sería eliminado de manera gradual hasta 2033.
