Al clausurar la víspera la sesión solemne del Tribunal Supremo de Justicia, el mandatario informó que al frente de la tarea para reforzar la seguridad en la zona limítrofe propuso al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, y al canciller Jorge Arreaza.
“Muchos contrabandistas se roban el dinero, se llevan la gasolina y los productos de Venezuela y mucho tráfico de drogas”, denunció ante magistrados, funcionarios del gobierno, integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y representantes del personal diplomático acreditado en el país sudamericano.
También instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a la mayor coordinación para fortalecer las medidas de seguridad y contrarrestar el contrabando.
Por otra parte, aseguró que en Venezuela no habrá golpe de Estado sino elecciones presidenciales que demostrarán el carácter democrático que prima en la nación sudamericana.
En ese sentido, resaltó la lealtad y compromiso de la FANB con el bienestar del pueblo y el proceso revolucionario en Venezuela.
Informó, además, su solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) de extender hasta el 25 de febrero, el período de inscripción de los venezolanos que viven en el exterior para garantizar su participación en la venidera contienda democrática.
El jefe de Estado precisó que una de las medidas en ese sentido es la apertura por el canciller Jorge Arreaza del consulado de Venezuela en la ciudad estadounidense de Miami.
Maduro agregó que su decisión responde un pedido realizado por los sectores de la oposición durante las mesas de conversaciones que tuvieron de escenario República Dominicana.
Advirtió que el vocero de la oposición Julio Borges tiene pretensiones de huir de Venezuela y pedir asilo político, tras obstruir el afianzamiento de la tranquilidad ciudadana con la negativa a firmar el acuerdo de convivencia democrática.
El presidente auguró que el 2018 será el año de la liberación definitiva del país, y de las grandes transformaciones del Sistema de Justicia, al cual exhortó su fortalecimiento con miras a garantizar el derecho a la convivencia pacífica para los venezolanos (PL)