A principios del 2020 conceptos como: mascarillas y distanciamiento social eran desconocidos para la mayor parte de la población mundial. Hoy forman parte del vocabulario habitual, mientras la pandemia de COVID-19 sigue afectando aspectos de la vida cotidiana de todos.
Dichas restricciones dispuestas para controlar la propagación del virus y aliviar así la presión sobre los sistemas de salud vulnerables y sobrecargados han tenido un enorme impacto en el crecimiento económico.
Como se señaló claramente en la edición de junio del informe Perspectivas económicas mundiales: “La COVID-19 ha desatado una crisis mundial sin precedentes, una crisis sanitaria mundial que, además de generar un enorme costo humano, está llevando a la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial”. Allí se prevé que este año la economía mundial y los ingresos per cápita se contraerán y empujarán a millones de personas a la pobreza extrema.
Estas consecuencias económicas están menoscabando la capacidad de los países para responder con eficacia a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Incluso antes de la propagación de la COVID-19, casi la mitad de los países de ingreso bajo ya estaban sobreendeudados o muy próximos a estarlo, y disponían de escaso margen fiscal para ayudar a los pobres y vulnerables más afectados.
Por esta razón, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron a la suspensión de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres para que puedan centrar sus recursos en los esfuerzos destinados a combatir la pandemia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) ha permitido a esos países utilizar miles de millones de dólares en su respuesta a la COVID-19.
La desaceleración económica provocada por la pandemia ha tenido un profundo impacto en las empresas y los empleos. En todo el mundo, las empresas sobre todo las microempresas y las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo se encuentran sometidas a una intensa presión, dado que más de la mitad de ellas están en mora o probablemente lo estarán dentro de poco tiempo.
Muchas son los ejemplos que grafican la presión que la COVID-19 está ejerciendo sobre las empresas (Las mismas estaban reteniendo al personal, con la esperanza de mantenerlo hasta que salieran de la recesión y más de un tercio de han aumentado el uso de la tecnología digital para adaptarse a la crisis).
Sin embargo, los mismos datos advertían que durante la crisis las ventas de las empresas se han reducido a la mitad, lo que las ha obligado a reducir salarios y horas de trabajo, y que la mayoría de ellas especialmente las microempresas y las medianas empresas de los países de ingreso bajo se esfuerzan por acceder al apoyo del Estado.
La reducción del ingreso de las familias ya sea debido a la pérdida de empleo, a la interrupción de las remesas o a otros numerosos factores relacionados con la COVID-19 seguirá poniendo en riesgo el potencial humano.
La pandemia ha resaltado la necesidad de contar con atención médica eficaz, accesible y asequible. Incluso antes de que se desatara la crisis, las personas de los países en desarrollo desembolsaban más de medio billón de dólares en pagos directos por atención médica. Este elevado nivel de gastos genera dificultades financieras para más de 900 millones de personas y todos los años empuja a casi 90 millones s la pobreza extrema, una dinámica que con toda probabilidad se ha visto agravada por la pandemia.
