En la última década Estados Unidos acumuló un récord de fracasos en sus conspiraciones contra el gobierno chavista. Esos reveses no le impiden continuar organizando complots, con fuerzas que diseñan nuevas incursiones. Pero los magros resultados de esos operativos inducen a Washington a remodelar el acecho. Mantiene el secuestro del diplomático Alex Saab, la retención de un avión venezolano-iraní en Buenos Aires y la incautación de reservas internacionales de oro de Caracas.
El sabotaje económico ha sido el principal instrumento de la agresión imperial. Estados Unidos propició un desabastecimiento selectivo de bienes para obstruir la actividad petrolera. PDVSA no pudo refinanciar deudas, ni adquirir repuestos y la extracción de crudo cayó a un piso que desmoronó el comercio exterior.
Un reciente estudio detalla las 763 medidas coercitivas desplegadas por el Departamento de Estado para imponer pérdidas por 215.000 millones de dólares a Venezuela. La apropiación de empresas -como CITGO- generó daños inconmensurables al país (López Blanch, 2023). Ese acoso incluyó la manipulación externa del tipo de cambio y una consiguiente depreciación de la moneda que potenció la hiperinflación.
La Casa Blanca apostó todas sus cartas a esa estrategia destructiva, suponiendo que el estrangulamiento económico tumbaría al régimen político. Indujo una dramática fractura productiva con gran hemorragia de emigrantes, pero no consiguió colocar en Miraflores a sus personeros.
Al cabo de incontables fracasos, la derrota de los escuálidos ya es indiscutible. Guaidó perdió todas sus jugadas y ha sido destronado por sus cómplices. También las proclamas de Leopoldo López han pasado al olvido. Las provocaciones en la frontera con Colombia han sido desarticuladas por los acuerdos con el nuevo gobierno de Petro y los mercenarios posponen sus aventuras de invasión.
La derecha ha quedado también afectada en el terreno electoral. No pudo boicotear las últimas elecciones, ni impedir la recuperación de la Asamblea Nacional por parte del oficialismo. Resignó el control de la institución que mantuvo secuestrada durante varios años y se ha fracturado en incontables porciones, que disputan las atractivas tajadas de la financiación norteamericana. El grueso de la oposición reconoce la derrota y busca su reinserción en el sistema político, apostando a gestar una candidatura común en los comicios presidenciales del 2024. Biden apuntala esa unificación y espera conseguir por la vía electoral, lo que no obtuvo mediante incursiones golpistas.
Pero el presidente norteamericano también negocia el eventual desmonte de las sanciones a Venezuela, para facilitar el reingreso de las firmas estadounidenses a la explotación de crudo. El primer paso de esa reconciliación ha sido el reciente otorgamiento de nuevas licencias de extracción a Chevron.
Biden está urgido por la gran escasez de combustible que ha creado la guerra en Ucrania. No sólo necesita incrementar el abastecimiento interno de Estados Unidos, sino que debe cumplir con su compromiso de suministro a Europa. Prometió compensar los flujos de crudo que el Viejo Continente ya no recibe de Rusia y Venezuela sería el proveedor ideal de ese faltante. Cuenta con la posibilidad de incrementar rápidamente la producción, si se normaliza la estructura de extracción del combustible.
Pero ese arreglo requiere el desbloqueo previo de las cuentas internacionales de Caracas, que Washington cerró con su habitual prepotencia. Las dos cancillerías negocian con muchos vaivenes esa posible regularización.
