El bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a
Cuba desde hace más de seis décadas no es un tema abstracto ni lejano: es
una realidad que golpea la vida cotidiana de cada cubano. Las transformaciones
económicas y sociales aprobadas por el Gobierno, muchas ya implementadas
con agilidad, encuentran en ese cerco un límite objetivo que encarece las
importaciones, dificulta el acceso a créditos y tecnologías y desalienta la
inversión extranjera. Sin ese obstáculo, los recursos que hoy se destinan a
sortear restricciones podrían orientarse a mejorar infraestructuras, innovar y
elevar la productividad.
A ello se suman el cerco energético y las presiones y amenazas dirigidas a
potenciales inversionistas, que ahuyentan capitales necesarios para modernizar
la industria, el turismo o las energías renovables. Se trata de una política hostil
que no distingue entre sector estatal y no estatal: afecta por igual a empresas,
cooperativas y pequeños emprendimientos, y limita las posibilidades de
crecimiento de toda la economía nacional. El bloqueo no es un problema de
unos pocos, es un problema de todos.
A pesar de este escenario adverso, el Gobierno cubano ha mantenido
firmemente su apuesta por el desarrollo, impulsando medidas como la
ampliación del trabajo por cuenta propia, la inversión extranjera y la
reorganización empresarial, con el objetivo de generar empleo, divisas y
bienestar para la población. Estas transformaciones, que avanzarían con mayor
celeridad en un entorno internacional favorable, demuestran la voluntad política
de seguir construyendo un país más próspero y sostenible, incluso en las
condiciones más difíciles.
Por eso, eliminar el bloqueo no es solo una demanda de soberanía, es una
condición necesaria para que las transformaciones ya en marcha rindan frutos
mucho más rápido en beneficio de todo el pueblo. Cuba seguirá denunciando
esta política genocida y reclamando su derecho al desarrollo, convencida de que
sin bloqueo, el futuro sería mucho más prometedor para todos.
