Mientras el mundo se desenvuelve desde hace varios años en una profunda crisis económica, los llamados paraísos fiscales continúan creciendo y guardando en sus arcas millones de dólares que en la mayoría de los casos provienen de dinero obtenido en transacciones ilícitas, o de multimillonarios, banqueros y trasnacionales de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Suiza y otros países como fórmula de evasión fiscal a gran escala.
El caso del exbanquero suizo Rudolf Elmer, a quien se le celebra juicio en ese país helvético porque entregó al sitio web WikiLeaks una lista con 2.000 cuentas de evasores de impuestos, ha puesto nuevamente en la palestra pública la actividad de estos paraísos y sobre todo sus verdaderos responsables y benefactores.
A Elmer, quien resultó despedido en 2002 del banco suizo Julius Baer, donde dirigía la oficina de esa entidad en las islas Caimán, se le acusó de violar el secreto bancario, emblema principal del sistema financiero helvético. En su defensa, el procesado argumentó que se acercó a WikiLeaks porque las autoridades internacionales hicieron caso omiso de sus denuncias.
Los (Centros Financieros Extraterritoriales (CFE), que según numerosos analistas resultaron claves en la crisis global que comenzó en 2008, son sitios donde compañías e individuos adinerados depositan sus ganancias sin tener que abonar impuestos en sus países de origen y adonde va a parar una gran cantidad de dinero procedente del narcotráfico, la corrupción, el negocio ilícito de armas, sin que sus depositarios tengan que responder a preguntas incómodas.
Las tres islas Caimán, territorios ocupados y dependientes del Reino Unido, donde Elmer ocupaba un importante cargo bancario, sólo tienen en conjunto 262 kilómetros cuadros con una población de 52.000 personas, pero existen 1.130 subsidiarias de multinacionales.
Los que escogen estas islas como asiento de sus negocios e inversiones no necesitan pagar impuestos. En este paradisíaco lugar con bellas playas y abundantes hoteles se hallan 544 bancos con depósitos de más de 500.000 millones de dólares.
Según datos de Organizaciones No Gubernamentales, están registradas 30.000 compañías sin que sus cuentas sean auditadas ni sus consejeros deban ser residentes permanentes.
En una entrevista con BBC Mundo, el director de la ONG Justicia Fiscal Internacional John Christensen puntualizó que “esa imagen de islas celestiales, refugio de millonarios, dictadores y mafiosos, es una simplificación del problema pues en la lista de los diez mayores paraísos fiscales del mundo se encuentran los respetables nombres de Estados Unidos, Londres, Alemania y Suiza”.
Christensen, agregó que hay cuatro grandes clientes de los paraísos fiscales: Las fortunas individuales, las multinacionales, las entidades financieras y el dinero de origen ilegítimo: sea del narcotráfico, el terrorismo o la corrupción”.
Por esta razón, se comprende por qué pese a la gran publicidad que se dio en la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20) efectuada en abril de 2009 sobre las medidas que se tomarían para eliminar o disminuir las actividades de los CFE, nada se ha hecho al respecto. Detrás de ellos están fuerzas financieras, bancarias y hasta gubernamentales muy poderosas.
Para abundar en datos, se conoce fehacientemente que allí están establecidas 70.000 “fundaciones” que son modalidades para inscribir presuntas firmas familiares y sus capitales sin pagar impuestos.
En Alemania una empresa paga al Estado el 39% de sus utilidades como impuesto corporativo, mientras que un privado puede llegar a pagar el 50% de sus ingresos como impuesto a los ingresos.
Liechtenstein, junto a Mónaco, Andorra, Gibraltar, San Marino y Suiza son los países acusados de mantener sistemas financieros que facilitan la evasión de impuestos y también el lavado de dinero, pero de esas frugales denuncias no pasa pues la Unión Europea en su conjunto los apoya porque muchas personas con influencia dentro de la Unión depositan sus cuentas en esos paraísos.
Organizaciones internacionales aseguran que si las enormes fortunas que se esconden en los CFE pagaran impuestos, se resolvería alcanzar las Metas del Milenio propuestas por la ONU y sobre todo reducir la elevada pobreza mundial para 2030.
Un análisis realizado por la ONG británica Tax Justice Network (Red para la Justicia Tributaria) asegura que el monto de evasión fiscal en el mundo, debido a la existencia de esas entidades, alcanza 250 billones. Con esas cifras y los antecedentes antes expuestos, será difícil que el G-20 o la en muchas ocasiones inoperante ONU puedan hacer algo al respecto.
Los multimillonarios, las compañías transnacionales, corruptos y narcotraficantes continuarán guardando y lavando dinero en esas cajas fuertes llamadas paraísos fiscales.
