La Fiscalía General de la República de Cuba apercibió a un reducido número de ciudadanos de las consecuencias legales que acarrearía promover y realizar marchas ilícitas ya denegadas por las autoridades gubernamentales.
En nota informativa hecha pública ese órgano hace referencia al pasado 12 de octubre en que autoridades gubernamentales cubanas denegaron la solicitud presentada por algunos ciudadanos para realizar marchas en ocho provincias del país, por considerarlas ilícitas.
Ante la intención expresada públicamente por los promoventes de mantener la convocatoria, la Fiscalía General de la República, inició el apercibimiento a varios ciudadanos que, de incumplir la decisión de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente.
La actuación de la Fiscalía al advertir a dichos ciudadanos sobre las consecuencias legales de ejecutar la marcha, se sustenta en el artículo 156 de la Constitución, que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos.
La nota informativa también precisa que la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, establece entre sus objetivos: preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas.
La Fiscalía General de la República de Cuba no amenaza a ciudadanos que han manifestado públicamente su intención de delinquir desafiando la legalidad y la institucionalidad; la Fiscalía General de la República de Cuba cumple su misión constitucional y sus funciones legales, al advertirles las consecuencias de su conducta, en el ámbito jurídico penal.
