En las primeras semanas de gobierno, Milei ha transparentado el descomunal atropello que pretende implementar. Ninguna denominación exagera esa ofensiva. Es ¨un plan de guerra contra la clase trabajadora¨, una ¨motosierra contra los desposeídos¨ y una ¨contrarreforma integral de la sociedad argentina¨. Aplica la doctrina neoliberal del shock con una virulencia nunca vista. Martínez de Hoz, el Rodrigazo, Menem o Macri son tibios antecedentes de la brutalidad en curso.
Milei espera consumar en un año, la cirugía del gasto público que el FMI propuso efectivizar a lo largo de un quinquenio. Proclama la conveniencia del sufrimiento y pronostica un desplome aún mayor de los ingresos populares, antes de lograr la prometida recuperación económica. Omite que esos padecimientos no se extenderán al puñado de poderosos que enriquece su gestión. También oculta el carácter innecesario y premeditado del daño que está provocando a toda la población.
El libertario presenta su mazazo como la única contención posible a una inminente catástrofe de la economía. Pero fundamenta ese diagnóstico con cifras disparatadas. Inventa una hiperinflación del 15 mil por ciento, déficits gemelos del 17% del PBI y advierte contra un encarecimiento del litro de leche de 400 a 60 mil pesos. Exagera alocadamente los desequilibrios de la herencia recibida para disimular la atrocidad de sus medidas.
En pocos días ha desmentido todos los mensajes de la campaña electoral. Sus decretos penalizan al grueso de la población y no a un puñado de políticos. Ya sustituyó las menciones de la ¨casta¨ por todo el Estado como destinatario del recorte. Ahora confiesa que su tijera se extenderá al sector privado, pero omite que los grandes grupos capitalistas quedan eximidos de ese ajuste.
Con el cuento de evitar una hiperinflación futura, Milei genera una superinflación inmediata. Comenzó con una mega devaluación del 100% que escaló la carestía al 25-30% mensual. Remediar con más inflación el peligro de ese flagelo es el primer absurdo de su programa.
Los precios de los alimentos se han disparado nuevamente por encima del promedio, amenazando la supervivencia de los sectores más humildes. Milei motoriza esa degradación, anulando todos los obstáculos legales al salvajismo del mercado (ley de abastecimiento y de góndolas). Eliminó las restricciones a la exportación de carne, para situar el precio de ese alimento en su impagable cotización internacional.
Ya se avizora un dramático salto en la pobreza, que en el primer trimestre del 2024 afectaría al 55-60% de la población. La irrelevante compensación que dispuso al recorte de los planes sociales desembocará en situaciones de subalimentación.
Los jubilados son nuevamente el segmento más golpeado. Milei soslayó el otorgamiento de los bonos, que periódicamente alivian a los perceptores del haber mínimo. Prepara, además, otro cambio en la fórmula de movilidad para castigar al sector más vulnerable de la sociedad. Ese ensañamiento apunta a recrear el fallido régimen de las AFJP (jubilación privada), alegando de fondos en la Seguridad Social. Omite que bastaría con restaurar las cargas patronales (que eliminó el menemismo y no repusieron sus sucesores) para equilibrar ese sistema.
La prioridad de Milei es precarizar el trabajo, aprovechando la demolición del costo laboral que impone la inflación. Con ese objetivo motoriza una reforma laboral que pulveriza las indemnizaciones, elimina la ultra actividad de los convenios y extiende los períodos de prueba.
La clase media será atropellada con tarifazos que duplicarán en el AMBA el precio del transporte. Sin apartarse del principio de nivelar para abajo, Milei argumenta que en el resto del país esas erogaciones son más elevadas.
También apuntala la campaña de las empresas de medicina prepaga para apropiarse de la crema del mercado.
Su decretazo les permitirá capturar a los afiliados de mayores ingresos de las obras sociales, para expulsar a los empobrecidos al infierno de hospitales públicos sin recursos. Esas compañías preparan su nuevo negocio con incrementos de cuotas del 40 o 50%.
La guadaña para los empleados públicos transita por congelar los sueldos en pleno aluvión inflacionario. Está en marcha el despido de los contratados y una purga posterior en numerosos organismos. También avanza la destrucción de la estructura científica, acorralando al CONICET a sobrevivir con seis meses de presupuesto.
