«Ninguno de los sectores, estatal y no estatal, puede permitir el aumento de los precios que estaban vigentes. Regularlos en las entidades mayoristas, las producciones, las prestaciones de servicios, los márgenes comerciales de las comercializadoras y directamente a la población es imprescindible; y lograr ese control sistemático depende también de todos».
Así comentó a Granma Margarita Acosta Rodríguez, directora de Política de Precios del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), en un diálogo en el que también participó la viceministra de ese organismo, Lourdes Rodríguez, a propósito de las resoluciones emitidas en el mes de julio para la aprobación de precios y tarifas.
Ante la decisión del incremento salarial se hace necesario regular para lograr un equilibrio en la sociedad, afirma Acosta Rodríguez. «Se aplica en igualdad de condiciones para todos los sectores, tanto para los precios mayoristas, las entidades, la población y todas las formas de gestión no estatal. Se hace para lograr, con el incremento salarial, el impulso de la economía. Esta medida tiene un alcance para el sistema de precios, lo que significa que participan todos los actores».
Las resoluciones ratifican la facultad de los presidentes de los consejos de la administración provinciales del Poder Popular y del municipio especial Isla de la Juventud, así como de los jefes de las administraciones locales de Artemisa y Mayabeque, para establecer los precios y tarifas máximos a aplicar por todas las figuras en sus respectivos territorios. A la vez, son responsables de crear los mecanismos de control pertinentes, para ambos sectores. Toda regulación de precios deber estar acompañada de otras medidas: comerciales, logísticas, de información y control, apuntan las entrevistadas.
«Algo novedoso –explica la Viceministra– es que se ha facultado a los presidentes municipales para que también, acorde con las características del municipio, los niveles adquisitivos y la capacidad de compra, los topes de los productos sean menores y estén en correspondencia con los modos de prestación, la calidad y diferenciación de los productos».
El Ministerio de Finanzas y Precios no puede regular todos los precios de los productos y servicios, solo regula los esenciales, reconocidos como productos vitales y de alta demanda para la población. Por su parte, las cadenas de tiendas tienen la facultad de aprobar los precios a la población del resto de los productos existentes, e informar cuáles son estos.
«Puede que en determinada capital de provincia los precios sean unos y en los municipios otros, porque todo depende de las características del territorio. Las regulaciones toman en consideración los productos, pero también las especificidades del lugar», explica Margarita Acosta.
CADA SERVICIO CON SUS CARACTERÍSTICAS
Entre las dudas de la población con respecto a los precios y servicios, aseguran las funcionarias, sobresale el tema de los productos terminados. Refrescos, maltas, confituras se cuentan entre los que varía su costo, en dependencia del lugar donde se adquieren.
«Hay diferencias de precios entre lo que se puede vender en una tienda o en una cafetería. Lo que sucede es que en tiendas recibimos un producto listo para su consumo, mientras que en un espacio gastronómico se le incorpora un valor, que tiene que ver con la prestación del servicio. Ese valor debe estar en correspondencia con la calidad y el confort del lugar y, de acuerdo con esto, los precios sí pueden ser diferentes», explica Acosta.
«No es lo mismo una cafetería donde el servicio es más ligero, más rápido, a otra donde es especializado. Eso da criterios de diferenciación, aunque el producto sea el mismo», añadió.
Con respecto a la carne de cerdo, la viceministra Lourdes Rodríguez precisó que la medida actual es un llamado para los vendedores en todas las modalidades no estatales que operaban bajo oferta y demanda.
«Ante la escasez, los precios comenzaron a subir. Ahora, con la regulación, se ha realizado una labor de preparación con los trabajadores por cuenta propia y en los mercados, para que todos conozcan los límites permisibles, para que su economía no se afecte y la población reciba un precio razonable», insistió.
Similar ocurre en el caso del transporte, un sector que en casi todas las capitales de provincia se complementa con las formas de gestión no estatal.
«Hay que hacer rutas que combinen con las ofertas estatales. Es muy importante regular los servicios de transportación con bases objetivas que vayan a ser cumplidas, para que haya garantías de protección a la población», significó la Viceministra.
QUE TODO EL MUNDO PARTICIPE
Asegurar el cumplimiento de estas normas y también velar porque el incremento salarial en el país tenga el efecto positivo que se quiere depende de muchos actores y también del acompañamiento de los sectores productivos.
Para la viceministra Lourdes Rodríguez, «encontrar soluciones alternativas ante las carencias y limitaciones financieras, incrementar las producciones, diversificarlas y elevar la productividad» son pasos decisivos en ese propósito.
«Las medidas comerciales que adopten las administraciones, cada una desde su posición, son muy importantes, porque todo ello va a ir acompañando al sistema de control. En este participan las instancias superiores, las provinciales y luego las municipales. Además, las que deben existir a nivel de empresa, de osde, de establecimiento, y donde quiera que se realice el acto de prestar servicio a la población», refiere.
«El pueblo es decisivo en la retroalimentación y para evaluar la efectividad de las medidas. Es también la manera de acercarnos a un proceso integrado y paulatino de ordenamiento en sentido general, porque se enlaza con otras categorías y procesos, que se transforman y avanzan», comenta Margarita Acosta.
SACAR LECCIONES PARA EL ORDENAMIENTO
Desde abril de 2019 se trabaja en la actualización de la Política de precios, en ese proceso hay tres aspectos importantes que ya empiezan a vincularse con estas medidas, asegura la Viceministra. Uno de ellos es la observación de precios con métodos científicos.
«Este método se ha ido implementando, y hoy estamos en un proceso de perfeccionamiento del uso del índice de precios al consumidor. Mediante un patrón científico podremos guiarnos durante la observación y lograr muestreos de calidad. Esta manera de trabajar está diseñada para cambiar la forma de atender la política de precios por el mfp», explicó.
Otra de las medidas es la publicación de los precios, que incluye no solo los minoristas que rige el mfp, sino una actualización de los que existen hoy en cualquiera de los mercados.
«Es indispensable que se divulguen los precios a nivel local, y que la población tenga la garantía de saber dónde buscarlos, porque eso ayuda a que el pueblo pueda formar parte del control», asegura Lourdes Rodríguez.
Según la población, es el administrativo la persona que más falla en su actividad. A esto se unen los inspectores y otros aparatos de control y fiscalización, en el caso de la gastronomía, que hoy no logran un sistema de trabajo permanente donde se compruebe el cumplimiento de las regulaciones.
«Actualmente hay poca detección de violaciones de precios, tanto en el sector estatal como en el no estatal, que quedó encargado a las direcciones integrales de inspección en los municipios y provincias. Tenemos que perfeccionar la exigencia del personal y los administrativos, pero también mejorar el esquema de inspección con grupos de trabajo que sumen a especialistas en materia de precios», agrega.
El Decreto 227/1997 impone multas a quienes violan los precios y a las administraciones que lo permiten. Igualmente, se toman medidas administrativas que, acorde con la violación, pueden separar al trabajador de su puesto en el sector estatal y, en el caso del no estatal, retirársele la licencia que autoriza dicha actividad.
Durante todo este proceso, asegura la Viceministra, se ha intercambiado continuamente con los gobiernos provinciales. Desde las primeras acciones y hasta la fecha, los encuentros con las formas de gestión no estatal han sido favorables. Los reportes son de disciplina, con recomendaciones y dando respuesta a sumarse al cumplimento de las regulaciones.
Añade que no es interés del MPF multar a las personas. El objetivo, asegura, es lograr un acompañamiento en el comercio, con medidas complementarias que impliquen un monitoreo constante, con la presencia de líneas económicas, y apelando a la participación de todos los ciudadanos, así como el acompañamiento de la mayor oferta posible.
Tomado de Granma.cu
