La Argentina es noticia en estos días por la reestructuración de su abultada deuda pública, unos 342.620 millones de dólares al tercer trimestre del 2021 (82,2% sobre el PBI), especialmente la que fuera contraída con tenedores privados, con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, organismo que desembolsó 45.000 millones de dólares en 2018, y cuyos vencimientos caían principalmente en 2022 y 2023, con evidente imposibilidad de cancelación.
Esa insostenibilidad del cronograma de pagos significó que la actividad del Ministro de Economía se concentró, a más de dos años de asumido, en el proceso de renegociación; primero con los privados, llevado adelante en simultaneidad con el proceso de la pandemia y su impacto regresivo con una caída del PBI del 9,9% durante 2020 y luego con el FMI, lo que se manifestará con nuevos desembolsos del organismo para cancelar los vencimientos hasta el pago total del préstamo del 2018, para lo cual se establecieron auditorias trimestrales del organismo para verificar la evolución económica local y la ratificación del plan de desembolsos.
El acuerdo con el FMI habilita un nuevo cronograma de cancelación de unos 2.430 millones de dólares con el Club de París.
El país consolida así la hipoteca que define la lógica de acumulación del capitalismo local, en donde el trabajo social de la Argentina tiene destino en la reproducción del capital transnacional.
El mecanismo de la deuda facilita la salida de divisas, obtenidas por saldo favorable de la balanza de pagos o ingresos por inversiones de riesgo o especulativas, potenciado una dinámica de acumulación global sostenida con la apropiación del excedente económico generado localmente.
No se trata de un problema nuevo, ya que el crecimiento de la deuda pública, en moneda externa y local, se procesa en ascenso desde la reestructuración de la economía, del estado y de la sociedad desde el establecimiento del terrorismo de estado en 1976, hace 46 años.
Los gobiernos constitucionales desde 1983 renegociaron la deuda, en una tendencia de ascenso, que transforma al mecanismo en una referencia estructural del funcionamiento del capitalismo local y su inserción subordinada a las tendencias de apropiación global del plusvalor.
La deuda constituye un dato relevante que condiciona la política económica en su conjunto. Así, el acuerdo con el FMI supone la disminución del déficit fiscal, escalonado hasta su eliminación hacia 2025. Ello implica un ajuste fiscal, especialmente en el gasto público, con previsión de menores ingresos populares, sean salarios, jubilaciones, o planes sociales de asistencia.
Son estas cuestiones que limitan cualquier política de reducción sustancial de elevados índices de indigencia y de pobreza, superiores al 10% y al 40% respectivamente. También se restringe la capacidad de emisión monetaria sobre la confirmación de un diagnóstico coherente con el “mainstream” monetarista y liberal relativo a las causas de la elevada y prolongada inflación local.En efecto, la inflación en Argentina registra índices preocupantes de dos dígitos desde hace mucho tiempo, a contramano de una tendencia mundial de baja inflación en las últimas décadas.
Es cierto que esa tendencia de control inflacionario global encontró límites luego del repunte económico del 2021, triplicando o cuadriplicando tasas de inflación reconocidas como “normales” en torno al 2%. EEUU con una inflación anualizada del 7,5% expresa la preocupación global del alza de precios y en consecuencia de las tasas de interés. Se agrava, especialmente con el encarecimiento en alimentos y energía, más aún con la situación actual de guerra en Europa, exacerbada con las sanciones desde Washington y sus asociados, tanto como las réplicas desde Rusia.
El país tiene una larga trayectoria de organización sindical, social y territorial, que limita se consolide una lógica de acumulación liberalizadora, aun cuando la Argentina avanzó aceleradamente en procesos de privatizaciones del capital público y de desregulaciones en los 90 del siglo pasado. Ese proceso de luchas populares y las disputas en el poder constituyen elementos esenciales de la lucha de clases para entender la crisis del 2001, tanto como los procesos desarrollados en las últimas dos décadas.
Nuevas coaliciones políticas disputan el gobierno local en este Siglo XXI, no sin matices políticos a destacar, aun cuando coinciden en los procesos de negociación y cancelación de las deudas públicas. Del mismo modo, el alza de los precios constituye un elemento común a todo el periodo, luego de la estabilización regresiva desplegada entre 1991-2001 con fuerte regresividad en la distribución del ingreso y la concentración de la riqueza.
