CARACAS.– El logro de la estabilidad de Venezuela y el enfrentamiento a la guerra económica impuesta por Estados Unidos, continúa en el centro de atención de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a cinco meses de su instauración.
Este objetivo del foro plenipotenciario, profundamente ligado a las metas del país para el 2018, se concatena con su misión de afianzar la paz de la nación sudamericana, amenazada de manera permanente por el asedio de Washington y sus fieles de la derecha nacional.
Solo con su instalación, tras los comicios del 30 de julio del 2017, la ANC cumplió con su tarea inicial de llevar la tranquilidad a los venezolanos que sufrieron por alrededor de cuatro meses acciones desestabilizadoras promovidas por la oposición, las cuales ocasionaron más de un centenar de muertos, un millar de heridos y cuantiosos daños materiales y ecológicos.
Posteriormente, los 545 legisladores populares, con la excanciller Delcy Rodríguez como su presidenta, avanzaron en la consolidación de la convivencia pacífica entre los venezolanos con la remoción del cargo de la entonces fiscal Luisa Ortega, cuyos comentarios antigubernamentales se convirtieron en la señal para las acciones violentas contra la Revolución Bolivariana y para el intento de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
En lugar de Ortega, ahora prófuga de la justicia por su implicación además en una red de extorsión que operaba en el Ministerio Público, se designó al entonces Defensor del Pueblo Tareck William Saab, quien desde ese momento lidera una investigación apoyada por el Gobierno bolivariano contra la corrupción en la nación sudamericana.
Dichas pesquisas revelaron una conspiración contra Petróleos de Venezuela, S.A., la cual se logró frenar y que perseguía la destrucción del Gobierno bolivariano a través de la implosión de la principal fuente de ingresos del Estado y así afectar el financiamiento a los programas sociales que benefician al pueblo.
La ANC favoreció además la radicalización del carácter popular del Gobierno
de Venezuela con las elecciones de gobernadores, el 15 de octubre, y la celebración de los comicios municipales el 10 de diciembre.
Estos eventos democráticos, en los que se lograron índices históricos de participación ciudadana, demostraron la fortaleza alcanzada por las fuerzas revolucionarias chavistas en medio de panoramas complejos desde el punto de vista político y económico.
En este periodo, la Constituyente venezolana creó asimismo la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública, dirigida también por Delcy Rodríguez, con el fin de impartir justicia a las víctimas y determinar los responsables de la violencia política que signó a Venezuela desde 1999 hasta el 2017.
Entre sus primeros resultados en ese aspecto destaca la aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, presentada por el presidente venezolano.
Además, en víspera de las festividades por la Navidad y gracias a las consultas nacionales promovidas por la ANC, se beneficiaron más de 80 personas vinculadas con hechos de violencia política con medidas sustitutivas a sus penas de privación de libertad.
No obstante, uno de sus mayores desafíos es el enfrentamiento a la guerra económica y el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos para asfixiar al pueblo del país sudamericano y provocar un panorama de desestabilización que les abra las puertas a los preciados recursos de Venezuela.
Como estrategia para el combate contra la especulación y proteger los ingresos de las familias venezolanas, los legisladores populares promulgaron la Ley de Precios Acordados, que forma parte de ocho iniciativas propuestas por el Jefe del Estado bolivariano.
Ese programa económico incluye la Ley de Inversión Extranjera y la del Arco Minero del Orinoco, las cuales también fueron aprobadas por el foro plenipotenciario con el propósito de contribuir a la defensa de los recursos y las divisas de la nación sudamericana.
