La primera consideración a realizar sobre los pronósticos del FMI para el 2022/23, en la reunión de primavera en Washington, es la corrección a la baja de la economía mundial para el presente y el futuro mediato, no solo por la continuidad de la pandemia por el COVID y nuevos brotes, sino por el impacto en la economía mundial de la guerra en Ucrania.
El pronóstico para el 2022 se asume en el 3,6%, con China por encima, en el orden del 4,4% y la India con el 8,2%. La región latinoamericana y caribeña aparece por debajo del promedio, alcanzando un 2,5%, y las dos más grandes economías de América Latina y el Caribe, creciendo por debajo, Brasil con el 0,8% y México con el 2%. Recordemos que la región es la zona fue la más afectada por el COVID y donde se verifica la mayor desigualdad en el ámbito global.
Para los países epicentro del conflicto bélico, se augura una caída del -8,5% para Rusia y nada menos que del -35% para Ucrania. A eso deben sumarse las sanciones generalizadas contra Rusia y variados apoyos de asistencia económica y militar a Ucrania, incluso financiamiento del FMI. Lo cierto es que las sanciones contra Rusia, promovidas por EEUU y acompañadas por sus socios occidentales tienen impacto en la economía mundial, especialmente afectando a los sectores sociales y países más vulnerables. Un detalle no menor, apunta a cambios que operan en el orden mundial, sea en el plano de la producción y de la circulación, especialmente en la esfera comercial, de servicios y específicamente financiero. Por ello aparece el interrogante sobre cambios en el orden global y la titular del FMI remite a una situación de mutación desde fines de la segunda guerra mundial, momento de emergencia de la dominación estadounidense y del dólar en el sistema mundial, incluso, más allá de la bipolaridad y competencia entonces con la URSS (1945-1991).
Resulta interesante considerar la preocupación del FMI sobre la evolución económica, centrada en el bajo crecimiento (desaceleración, y la elevada inflación. Recordemos que la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos, por lo que no toda la población aparece castigada y así, el incremento de precios constituye salvaguarda para aquellos sectores que definen los precios en el mercado.
Al mismo tiempo, ante las restricciones productivas, se posterga cualquier intento de avance en la transición energética. Muy al contrario, se ratifica la producción en hidrocarburos y se potencian los efectos negativos sobre el medio ambiente y el cambio climático.
La inflación se eleva en todo el mundo, agravada por la guerra en Europa, pero que tiene arrastre en los intentos de recuperar la tasa de ganancia sobre la flexibilización del cierre económico por la pandemia. Por lo tanto, nada que suponga expectativas favorables para los pueblos y los más necesitados.
La realidad es de aumento del gasto militar en desmedro de otros necesarios para resolver necesidades alimentarias, sanitarias, educativas, de reformas productivas contra el desempleo y la miseria social. El propio gasto militar demanda incremento de presupuestos para el corto y mediano plazo, alejando toda capacidad de planeamiento público para atender demandas sociales insatisfechas.
La pregunta que recorre varios debates en el movimiento popular alude a la urgencia de instalar un rumbo alternativo, que dispute los recursos públicos para otro orden económico, político, social y cultural.
En sí mismo supone avanzar contra la lógica del capital y su objetivo de ganancias, acumulación y poder, para sustituirlo por una organización económica y social de cooperación, solidaridad, autogestión y organización comunitaria. Se trata de una visión que solo puede materializarse si gana consenso masivo en gran parte de la población, en cada país, región y en el mundo.
