El presidente Luis Lacalle Pou declaraba que en su gobierno eran «cuidadosos de los recursos de la gente». Obviamente, de recursos de los económicamente más poderosos, los que él denomina los malla oro, porque a los trabajadores públicos que dependen directamente del presidente de la república –Poder Ejecutivo y organismos descentralizados, del artículo 220 de la Constitución– los ha castigado severamente desde que asumió el gobierno. En este artículo analizaremos lo sucedido con la administración central.
Entre las primeras medidas adoptadas por el gobierno, el 11 de marzo de 2020 (mediante el decreto 090/20) se ordenó un fuerte ajuste de gastos para la administración central. A través de esta disposición, el Poder Ejecutivo fijó un techo a la ejecución presupuestal para el ejercicio 2020 del 85 por ciento de los créditos comprometidos del ejercicio 2019, correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones. También estableció una fuerte reducción de personal: prohibió proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 y solo permitió ocupar un tercio de las vacantes surgidas a partir del año 2020; con la excepción del personal docente, profesional técnico y especializado de la salud y policías. La reducción incluye la no renovación automática de los vínculos de servicios personales de carácter temporal y un tope del 60 por ciento del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto.
Como consecuencia se redujo la cantidad de funcionarios públicos de la administración central: de 78.377, en 2019, a 75.871, en 2022. La reducción no se dio en los ministerios de Defensa Nacional y del Interior (que, sumados, mantienen 60.665 funcionarios de los 60.939 que había en 2019), sino en los restantes incisos, que perdieron el 13 por ciento de sus funcionarios: eran 17.438, y quedan solo 15.206.
Está reducción de personal se reflejó en la evolución de la masa de remuneraciones pagadas en la Administración Central: mientras que en Defensa e Interior aumentaron 2,2%, en los restantes incisos las remuneraciones disminuyeron 14,1%.
Con la instrumentación del nuevo régimen, el gobierno persigue, como principal objetivo, reducir el déficit fiscal aplicando descuentos salariales a los funcionarios públicos en aquellos momentos en los que la situación económica de la familia es más compleja: cuando se transita una enfermedad que produce gastos adicionales asociados a esta y que afectan la economía familiar.
En las leyes citadas el nuevo sistema se aplicará, con algunas excepciones, a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los servicios descentralizados. Aunque, en el decreto 760/2023, se faculta (artículo 3) y se exhorta (artículo 30) a los entes autónomos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y a los gobiernos departamentales a adoptar el sistema que se reglamenta.
En efecto, hay una clara discriminación de género, pues las mujeres se certifican, en proporción, más que los hombres y el promedio de días de certificación también es mayor.
En la administración central, del total de funcionarios certificados, el 56 por ciento son mujeres y el 35 por ciento son hombres. La diferencia es mayor en las personas menores de 30 años: las mujeres certificadas son el 54 por ciento y los hombres, solo el 26 por ciento, la mitad.
Con esa explicación se acusa a las funcionarias de declararse enfermas, sin estarlo, porque están desmotivadas y sin posibilidades de ascenso. ¿Acaso los hombres no podrían estar tan desmotivados como las mujeres? Este análisis es una discriminación pura y dura contra las mujeres para justificar el castigo que se les aplica con el nuevo sistema de certificaciones médicas.
Los trabajadores estatales, en particular los de la administración central, han sufrido desde que se inició este gobierno una política de ajuste muy regresiva, por reducción de funcionarios, cese de contratos, cierre de oficinas en todo el país –principalmente en el interior–, desmantelamiento de servicios, supresión de políticas sociales, reducción de gastos de funcionamiento e inversiones y, por supuesto, una fuerte pérdida salarial. Las certificaciones médicas son una perla más que muestra una profundización del sistema de desigualdad y de concentración de la riqueza.
