Las recientes explosiones de violencia extrema son solo el clímax de una conjunción de varios procesos internos y externos. La reciente declaratoria de“conflicto interno armado” contra el narcotráfico y el crimen organizado constituye un paso que profundiza en mucho el hasta ahora fallido intento de enfrentar la creciente seguridad priorizando la fuerza.
Sin negar la importancia de desmontar todo tipo de criminalidad, más aún una tan mortífera como la vinculada al narcotráfico, las preocupaciones que emergen por las estrategias y acciones desplegadas por el gobierno son muchas.
Lo cierto es que la opción bélica, que no resolverá los problemas de fondo y menos aún desactivará la presencia del crimen organizado transnacional, puede desatar una serie de perversos procesos políticos, enmarcados en la militarización de la sociedad, y también procesos económicos, impulsados por un mayor esfuerzo neoliberalizador. Una doble tenaza que, inclusive, puede afectar la frágil institucionalidad democrática de este país andino.
Las razones que explican el por qué de esta compleja coyuntura hay que buscarlas desde varios ángulos, muchos de ellos interrelacionados. Así no se puede obviar casa adentro la ideología neoliberal que presiona para reducir el tamaño del Estado y menos aún marginar los cambios que se dan en el transnacional negocio del narcotráfico.
Desde la pandemia del Covid-19, se propició una suerte de austericidio para lograr el equilibrio fiscal. Traigamos a la memoria aquellas imágenes desoladoras sobre todo de Guayaquil, en las que se veía morir gente en las calles por la ausencia de atención médica, mientras el gobierno prefería servir la deuda externa. Y desde entonces, las restrictivas políticas económicas marginaron a lo social, provocando inclusive masivos incumplimientos en los presupuestos destinados a la seguridad.
Como resultado de tanta austeridad neoliberal creció de forma sostenida la pobreza. En este contexto, los grandes grupos económicos, a la cabeza la banca privada, no dejaron de acumular: a modo de botón de muestra, el patrimonio personal del presidente-banquero Guillermo Lasso, durante sus 900 días de gestión, aumentó en 21 millones de dólares.
Esta situación no es un resultado accidental, solo el producto directo de la paralización provocada por la pandemia. Hay todo un manejo de política económica que debilitó la economía, que no ha posibilitado la recuperación de los niveles de la pre-pandemia, y que, por ende, golpeó duramente a la sociedad, inclusive en lo que tiene que ver con el incremento de la inseguridad, como veremos a continuación.
Destaquemos, por ejemplo, el desmantelamiento dela institucionalidad de seguridad, que había dado resultados importantes con la reducción de los índices de homicidios del 2010 al 2017, en el gobierno de Rafael Correa; ese logro también se explica por el auge económico impulsado sobre todo, gracias a los elevados precios del petróleo; lo que permitió la reducción de la pobreza hasta el año 2015.
Su sucesor, Lenin Moreno, que inauguró el ya mencionado austericidio, buscando achicar el tamaño del Estado,desapareció el Ministerio de Justicia, que controlaba las cárceles; borró el ministerio coordinador de temas de seguridad; fusionó los ministerios de la polícia y de la seguridad en uno, al que le encargó de todas estas acciones estatales; y todo con un menor presupuesto para todas estas operaciones. Esa equivocada gestión se agudizó con Guillermo Lasso, que trató de inaugurar una política de “mano dura” sin llegar siquiera a controlar las cárceles.
Cabe anotar también el efecto que produjo el populismo penal a través del Código Orgánico Integral Penal, que, en el año 2014, aumentó las penas. Esto contribuyó a llenar las cárceles, incluso con cientos de personas que habían cometido delitos menores; cárceles que se transforman en “santuarios” de las bandas criminales, que inclusive las transformaron en una suerte de “cuartel general” para seguir con sus fechorías.Y en todos esos años existió una suerte de convivencia entre el Estado y algunas de las bandas criminales, que fueron copando la institucionalidad estatal. Es tal el grado de penetración del crimen organizado, que es aceptada de forma pública su infiltración en casi todas instancias gubernamentales, la justicia, la fuerza pública, los sectores privados, inclusive en el deporte.
En paralelo se producían varios cambios en el negocio de la droga; Ecuador dejó de cumplir un papel secundario en la narco-economía regional y mundial. En especial por la acción de carteles Mexicanos y europeos, el país se integró de lleno en este mercado transnacional. El puerto de Guayaquil se convirtió en el punto de partida de la mayor cantidad de cargamentos de cocaína a Europa, sobre todo mezclados con el banano.
