Lima, 17 may (Prensa Latina) Dos nuevas denuncias de la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte ante el Parlamento por dos casos de presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y posible encubrimiento a un político clandestino concentran hoy expectativas en Perú.
Las denuncias se suman a dos presentadas esta semana y elevan a 23 las investigaciones a Boluarte emprendidas por el Ministerio Público y son motivadas por aseveraciones de diversas fuentes, y se elevan a nueve las causas presentadas ante el Parlamento contra la mandataria.
La primera de las planteadas ante el Poder Legislativo se refiere al anterior cargo de Boluarte, de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, entre julio de 2021 y marzo de 2024.
En ese lapso, afirma la denuncia, Boluarte “habría incrementado de manera ilegal e injustificada su patrimonio: joyas, incremento de dinero en sus cuentas bancarias y depósitos de origen y concepto desconocidos realizados en sus cuentas bancarias”.
Según la Fiscalía de la Nación, “en su declaración jurada de ingresos habría omitido consignar bienes y rentas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, entre ellos: dos relojes de la marca Rolex y otras joyas de alto valor”.
La mandataria atribuyó la posesión de los relojes y las joyas a préstamos de un amigo político, el gobernador de la región andina de Junín, Wilfredo Oscorima, tras haber dado explicaciones diferentes al respecto que se vio obligado a modificar porque la prensa evidenciaba su inconsistencia.
La otra denuncia señala a Boluarte como presunta autora del delito de encubrimiento personal y a su exministro del Interior, Juan José Santiváñez, del delito de omisión de denuncia.
Añade que Santiváñez estaba al tanto y debió comunicar a la autoridad competente el presunto encubrimiento por parte de la presidenta de la República.
Las denuncias más importantes contra Boluarte tienen que ver con las muertes de medio centenar de civiles durante la represión de las protestas contra su ascenso a la Presidencia, en diciembre de 2022, por sucesión, ante el apresamiento y la destitución del hasta entonces mandatario, Pedro Castillo.
La gobernante, a través de su abogado, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, en el cual le pide que determine los alcances de la inmunidad presidencial. El recurso tiene el obvio fin de que esa corte disponga que las investigaciones y denuncias se detengan hasta el fin de su mandato, en 2026, contra el precedente de que Castillo sí fue investigado en ejercicio de la jefatura del Estado.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha denunciado que el Gobierno redujo drásticamente el presupuesto de 2026 al Ministerio Público y lo ha hecho por represalia debido a las investigaciones que la afectan, lo cual negó anoche el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.
