En un contexto donde la seguridad y el funcionamiento adecuado de los recursos del país son primordiales, se han establecido sanciones severas para quienes incurran en actos de sabotaje.
Según los artículos 125 y 126 del código penal vigente, aquellos que destruyan, alteren o dañen infraestructuras esenciales enfrentan penas que van de siete a quince años de privación de libertad, con la posibilidad de aumentar a diez a treinta años o incluso cadena perpetua en casos más graves.
El artículo 125 detalla una amplia gama de objetivos susceptibles de ser afectados, que incluyen fuentes energéticas, obras hidráulicas, sistemas de transporte y telecomunicaciones, así como instalaciones industriales y agropecuarias. La ley también contempla sanciones para aquellos que dañen bienes destinados al uso o consumo, en un esfuerzo por proteger la economía nacional.
Por otro lado, el artículo 126 establece sanciones aún más drásticas si los actos de sabotaje resultan en lesiones graves o la muerte de personas, si se utilizan medios peligrosos como explosivos o sustancias químicas, o si se pone en peligro la seguridad colectiva. En estos casos extremos, las penas pueden incluir desde décadas de cárcel hasta la pena de muerte.
Estas disposiciones legales subrayan la importancia que el Estado otorga a la protección de sus recursos críticos y a la seguridad pública. En tiempos en los que las amenazas pueden surgir tanto desde el interior como desde el exterior, estas leyes buscan disuadir a posibles infractores y garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos.
La implementación y vigilancia efectivas de estas leyes serán cruciales para mantener la integridad de las infraestructuras del país y salvaguardar el bienestar social y económico.
