Brasilia, 1 sep (Prensa Latina) La mayoría de los acusados en el juicio, que comienza mañana en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil por intentona golpista, declinó estar en persona ante la corte y seguirán las sesiones de forma remota.
Este martes se inicia en la primera sala del STF uno de los pleitos más esperados del panorama político brasileño: el proceso penal contra ocho altos exfuncionarios del Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, imputados de integrar una trama para ejecutar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
De los ocho acusados, solo el general Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, confirmó su intención de asistir presencialmente a algunas audiencias.
El resto será representado por sus abogados y verá el juicio por televisión, conforme a lo permitido por la legislación vigente, que no exige la presencia física de los imputados.
Figuran entre los ausentes nombres clave como Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y denunciante del caso, Almir Garnier, excomandante de la Marina, Anderson Torres, exministro de Justicia, y Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional.
También se espera que el general Walter Braga Netto, actualmente detenido en Río de Janeiro por obstrucción de la investigación, no comparezca presencialmente.
La situación de Bolsonaro resulta aún incierta. Bajo arresto domiciliario por violar restricciones impuestas por el STF, incluyendo la prohibición del uso de redes sociales, su asistencia dependerá de una autorización del juez Alexandre de Moraes, relator del caso.
Aunque sus abogados le recomendaron no asistir, sectores de su entorno consideran que presentarse sería una «demostración de fuerza».
Bolsonaro sorprendió al comparecer anteriormente a una sesión anterior, en junio, cuando fue interrogado por el propio De Moraes.
El diputado Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, aún no ha confirmado su decisión sobre asistir o no al juzgado superior.
La Fiscalía General sostiene que los ocho acusados conformaban el núcleo central de una organización criminal que buscó mantener a Bolsonaro en el poder, incluso después de su derrota electoral ante el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Incluye la acusación formal intentos de subversión del orden constitucional y obstrucción de la democracia.
El juicio, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, contará con cinco días de audiencias distribuidas en ocho sesiones.
Todos los acusados niegan su participación en el supuesto plan golpista y solicitan la desestimación de los cargos por falta de pruebas.
El proceso se perfila como un hito en la historia democrática del país, con implicaciones políticas, institucionales y jurídicas que podrían resonar más allá de las fronteras de Brasil.
