A ese primer punto se suman la necesidad de potenciar el desarrollo local, incrementar las exportaciones, y mantener las inversiones en sectores como la producción de acero y cemento.
Dichos elementos forman parte de la Estrategia Económico-Social del país, implementada hace varios meses para enfrentar la crisis gobal derivada de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.
De acuerdo con Gil, esos aspectos de relevancia también están incluidos en el plan de la economía para el venidero año, el cual será sometido a votación en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) programada para el 16 de diciembre.
El plan 2021 prevé un crecimiento gradual de los niveles de oferta de productos en moneda nacional, aunque aún estará lejos de satisfacer la demanda, pero para eso tenemos que controlar la pandemia, recuperar el turismo y las exportaciones, aseveró el ministro.
Dijo también que el plan del 2021 incluye unos 200 nuevos proyectos de desarrollo local que impactarán positivamente en el mercado laboral y permitirá aprovechar los recursos endógenos para satisfacer la demanda de bienes y servicios, e incluso exportar.
Además, se refirió a los pasos dados para poner en práctica las más de 300 medidas incluidas en la Estrategia Económico-Social.
En ese sentido, mencionó los avances en la descentralización gradual del mecanismo de asignación de divisas en la economía, proceso que ya está implementado en 180 empresas, las cuales tienen ahora mayor autonomía para gestionar sus ingresos y reaprovisionarse.
Por otro lado, Gil manifestó que el anunciado ordenamiento monetario y cambiario del país propiciará un entorno más favorable para los encadenamientos entre los diferentes actores del modelo económico cubano.
Como parte del balance de la economía, Gil profundizó en las razones que obligaron al país recurrir a la venta de productos en Moneda libremente convertible (MLC) en un grupo de tiendas y no en las monedas locales, lo cual genera opiniones contrarias en la población.
Aseveró que es una decisión de justicia social porque gracias a esos ingresos es posible garantizar productos de primerísima necesidad en medio de un complejo escenario.
